Sobre la Gestión de las universidades peruanas y su financiamiento

El Contexto Global

La Universidad es una institución milenaria que ha resistido casi inmutable a los grandes cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos 200 años. Sin embargo, en los últimos cincuenta años, su existencia y su misión están siendo sometidas al embate de grandes mega tendencias que pueden hacer cambiar de giro su modelo de sostenibilidad en el mediano plazo.  La masificación de la enseñanza superior, producto de una sociedad más tecnológica y más compleja, que basa su desarrollo en la llamada “economía del conocimiento”, ha provocado que el Estado se vea sometido a una mayor presión por destinar más y más recursos económicos para satisfacer las necesidades de formación de una vasta población. El resultado de ello, es que, ante la imposibilidad de ofrecer educación superior gratuita o fuertemente subsidiada a un número creciente de jóvenes, se ha iniciado progresivamente un fenómeno de privatización de la oferta educativa que ha marcado fuertemente el sistema educativo de muchos países en el mundo. Estados Unidos, Japón, Chile, Corea, son solo algunos ejemplos de países donde la privatización de la educación superior es dominante en términos de de financiamiento (véase la figura 1).

OECD

Figura 1 . Gasto en educación terciaria (2014) de países miembros de la OECD (OECD, 2014)

Universidades privadas con y sin fines de lucro aparecen como jugadores importantes en el sistema educativo, universidades públicas que se ven forzadas a comportarse, al menos parcialmente, como cuasi-privadas, con la finalidad de poder generar más recursos económicos que les permita cubrir su presupuesto ante las reducciones continuas de los subsidios del Estado. Instituciones privadas afiliadas a universidades públicas, consorcios empresariales que crean universidades con fines comerciales, son solo algunas de las tantas variantes que hoy en día se están experimentando en una vasta región del planeta, donde la privatización es una respuesta a la incesante demanda de la sociedad por educación superior, al decreciente apoyo económico del Estado para brindar esa oferta y a la cada vez mayor instrumentalización de la educación como una mercancía comercial.

Esto hace que la privatización de la educación, cuando además está desregulada, provoque incentivos perversos que terminan originando potenciales “burbujas educativas” como las de Estados Unidos (Harris, 2015) o la crisis del sistema educativo neoliberal de Chile (Zúñiga-Peña, 2015). El Estado al reducir su subsidio directo y transformarlo más bien en instrumentos como el crédito educativo, traslada el peso del costo de la educación al propio estudiante y su familia. En Chile, dos tercios de los costos de la educación superior son cubiertas por las familias chilenas (González & Pedraja, 2015). Las universidades aprovechan de los beneficios económicos directos que brindan estos instrumentos y elevan los precios de sus pensiones o derechos académicos, los que son cubiertos parcial o totalmente por el crédito otorgado al estudiante quien finalmente termina fuertemente endeudado por el resto de su vida profesional. La deuda privada estudiantil en Estados Unidos bordea los 1,2 billones de dólares americanos y los costos de la educación superior en Chile se encuentran entre los más elevados del mundo y corresponden al 41% del ingreso per cápita del país (Rodriguez Ponce, 2012). El crédito educativo es un buen instrumento de financiación de la educación siempre que primero se haya asegurado que existe un retorno de dicha inversión.

La globalización, por su parte, ha dinamizado aún más el sistema educativo y ha hecho que las universidades compitan y cooperen intentando gestionarse de manera sostenible y enfrentándose al desafío de ofrecer formación de calidad, generar nuevo conocimiento y participar como actor clave para el desarrollo de su entorno, en un contexto donde, al reducirse la participación del Estado, se les exige además comportarse como una organización emprendedora, capaz de obtener sus propios recursos para cumplir con su misión.

Todo ello ha producido importantes cambios en la forma como se financian las universidades, incluyendo las públicas, las cuales deben desarrollar iniciativas emprendedoras o autosostenibles con miras a asegurar su propio desarrollo económico. Países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia han desarrollado una pujante industria educativa internacional y transfronteriza que se desarrolla sobre el sistema tradicional, generando importantes ingresos económicos. En el período fiscal 2014-2015 Australia alcanzó su cifra récord en exportación de servicios educativos de 13.14 billones de dólares americanos, 14.2% más que el año anterior (ICEF Monitor, 2015). Su foco de atención es la formación y capacitación profesional (Vocational Education and Training, VET) que permitió en ese período la matrícula de 150,000 estudiantes internacionales en sus universidades (ICEF Monitor, 2015). Esto es relativamente poco cuando se mira el mercado de exportación educativa de los Estados Unidos que en el mismo año alcanzó la cifra de 886,000 estudiantes internacionales y que representó un ingreso para su economía de 27 billones de dólares americanos (Siegmund & Rawdon, 2015). La educación superior transfronteriza es un sector en continuo crecimiento. La OECD estima que el número de estudiantes internacionales de educación superior aumentará de 3,7 millones a 6.4 millones en el 2025 y que a la fecha representa el 25% de toda la economía del sector educación en el mundo (CARIFORUM-EU, 2015) .

Frente a las grandes mega tendencias de la masificación y la globalización de la educación superior, las  TICs aparecen como otra gran tendencia que se incorpora al escenario para llevar el servicio educativo más allá del entorno inmediato y de las fronteras nacionales, incorporando a la oferta educativa atributos más renovados: deslocalizada, atemporal y flexible. La educación virtual y sus distintas variantes se han convertido también en una modalidad que puede contribuir a globalizar e internacionalizar la educación, mejorar el acceso educativo e incluso reducir los costos asociados a este servicio. Todo ello, bajo un marco estricto de aseguramiento de la calidad y de un uso cada vez más eficiente de las tecnologías educativas. Recientes estudios vienen demostrando que la educación virtual puede convertirse en una esperanza real para reducir los costos de la educación sin desmedro de su calidad (Deming, Goldin, & Katz, 2015).

En el 2012 aparecen los MOOC (cursos masivos abiertos en línea) como una extraordinaria apuesta a transformar todo el sistema, eliminando su inequidad y, sobre todo, pretendiendo hacer realidad la utopía: “acceso universal a educación de calidad sin costo alguno (o al menos a bajo costo)”. Lamentablemente, este idílico y noble objetivo de brindar educación gratuita para todos, se ha estrellado, al menos temporalmente, contra la cruda realidad de que a la fecha la mayoría de estudiantes que toman los cursos MOOCs son egresados o estudiantes de universidades del primer mundo (Fundación Telefónica, 2015). En consecuencia, más que reducir la brecha de inequidad educativa entre ricos y pobres, parece que sus consecuencias por el momento, son seguir incrementándola al ser más requeridos por los primeros.

En conclusión, la tendencia imparable de masificación de la educación superior, fruto de las exigencias de nuestra sociedad actual, junto con la impotencia del Estado a sostener económicamente esta creciente demanda, han promovido la privatización de la oferta educativa, sea cual fuere la naturaleza de la institución que la provee, generando, además, una tendencia a la “mercantilización” de la educación (Díez Gutierrez, 2011). Esto coloca a las universidades frente a un escenario que las obliga a comportarse esquizofrénicamente, unas veces como claustros del saber y otras como empresas rentables y/o rentistas.

La realidad peruana

La situación de la educación superior peruana no ha sido ajena a estas megatendencias; por el contrario, su impacto en un contexto tan desregulado en términos de calidad, supervisión y articulación con las necesidades del país  ha provocado una situación de verdadera crisis de todo el sistema educativo. Desde 1996, con la promulgación de la “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”, conocida como el DL 882 (Congreso de la República del Perú, 1996), durante el gobierno de Alberto Fujimori, la privatización de las universidades ha crecido de una manera exponencial. De las 142 Universidades actuales, 91 instituciones son privadas (64%), las cuales brindan educación al 75% de la población estudiantil. A ello se suma, una falta total de control y supervisión sobre la calidad de la formación que se brinda, siendo el Perú uno de los pocos países en América Latina donde aún no funciona a plena marcha un sistema de aseguramiento y acreditación de la calidad. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), que era la entidad encargada de desarrollar este proceso de aseguramiento, en sus casi nueve años de existencia ha conseguido apenas 60 acreditaciones de carreras (SINEACE, 2015) de más de 1,700 existentes en el país. Por esta razón y por la adecuación a la nueva ley universitaria sus días llegan a su fin y sería reemplazado por otro nuevo organismo que se llamaría Consejo Peruano de. Acreditación de la Educación Superior (COPAES), aunque la fecha de esta cambio es todavía una incertidumbre (Tafur, 2015). Es en este lamentable contexto, que se han multiplicado “universidades de garaje” que vienen ofreciendo carreras universitarias de muy mala calidad con el aval del Estado. La privatización de la universidad peruana no ha hecho más que empeorar la situación de la educación superior en el país. A ello debemos agregar a que el Estado, consecuente con las tendencias globales, ha venido reduciendo el apoyo económico a las universidades públicas (que ya de por sí era muy bajo), afectando cada vez más la calidad de las mismas. No es de sorprender por ello que el sistema universitario peruano sea además uno de los de más baja producción científica de la región y, de las 72 instituciones peruanas, que en su conjunto alcanzaron una producción de 4,311 publicaciones en el quinquenio 2009-2013 (CONCYTEC, 2015), únicamente tres de ellas, son responsables de más del 64% de esta producción (SCImago Research Group, 2015).

Las universidades societarias (con fines de lucro) constituyen la mayoría de las universidades privadas en el Perú y su principal objetivo está en su rentabilidad financiera. Entonces no es difícil constatar que tal rentabilidad se genera a costa de la calidad de su infraestructura, de la calidad de sus servicios, de los sueldos de los profesores, del financiamiento a la investigación, etc. Sus márgenes de utilidad son altos, incluso mayores al que otros sectores de servicios pueden ofrecer.

La tendencia de masificación de la educación superior en el Perú todavía tiene un amplio margen de desarrollo pues su tasa de matrícula (Gross enrolment rate, tertiary, total) en el 2013 fue de 40.6% mientras que en Chile alcanzó el 78.7% y en países como Corea del Sur llegan al 96.6% (Factfish, 2015).  Esto quiere decir que el número de universidades privadas seguirá en aumento acelerado por ser este nivel de educación un negocio rentable, desregulado y con elevado crecimiento.

El 2014, el Perú aprobó una nueva ley universitaria, la ley N° 30220, que tenía como objetivo principal el regular la calidad de la educación universitaria, enfocándose además en la situación de gobernanza de las universidades públicas y en el control del lucro excesivo de las universidades societarias.  Debido a presiones políticas durante el proceso de negociación de la propuesta de ley en el Congreso, esta perdió mucho de su fuerza original, cediendo en muchos aspectos y en especial en la supervisión de las universidades societarias. Sin embargo, la ley tiene una serie de aspectos regulatorios que pretenden asegurar la calidad de la educación en todas las universidades. Esta misma ley creó la SUNEDU como la entidad responsable del licenciamiento de las universidades y de supervisar la calidad del servicio educativo universitario. En la actualidad se ha iniciado el proceso de licenciamiento de todas las universidades públicas y privadas en el país.

A la fecha (julio, 2016) de las primeras 16 universidades que están siendo evaluadas, de acuerdo a cronograma establecido por la SUNEDU, sólo tres han logrado su licenciamiento, la UTEC y la Universidad de Lima, por un período de seis años, y la PUCP por 10 años. Es importante mencionar que las 142 universidades que existen en el país están obligadas a pasar por el proceso de licenciamiento antes del 31 de diciembre del 2017.

¿Cómo afecta la nueva ley universitaria al financiamiento de las universidades?

La actual ley universitaria establece una serie de exigencias en términos de estructura y tamaño de la organización, certificaciones académicas del personal docente, recursos económicos destinados a la investigación, responsabilidad social, modalidades de admisión, etc., tanto a universidades públicas y privadas, que su implementación, de ser eficaz, generaría sin duda un incremento en los costos de la educación. Esto no es de sorprender, pues en las condiciones actuales, el sistema educativo se desarrolla bajo una lógica de libre mercado desregulado y en consecuencia hay una oferta de muy bajo costo otorgado por estas “universidades de garaje” que simplemente estafan al estudiante brindándole un servicio exento de calidad, pertinencia y de rentabilidad futura. Por consiguiente, el primer efecto que será notorio de esta nueva ley no será la mejora de la calidad sino el incremento de los costos de las pensiones, justamente por la lógica perversa mercantilista de estas universidades, de trasladar los costos al consumidor, sin afectar su margen de ganancia.

Un sistema educativo con etapas muy específicas de supervisión de la calidad y del funcionamiento de las universidades: licenciamiento y acreditación de carreras, difícilmente podrá realizar un cambio efectivo si las acreditaciones son optativas y si el proceso de licenciamiento se realiza sin la decisión política de cerrar universidades existentes. Las inversiones que se requieren para convertir “universidades bamba” en verdaderos centros educativos son tan elevadas que no habrá forma de reconversión en el mediano plazo y la primera víctima de esto serán los estudiantes que verán ó incrementadas sus pensiones sin una muestra aparente de mejora en la calidad o que la ley no tenga efecto alguno en sus universidades. Lo más probable es que tengamos en el corto plazo una andanada de recursos de amparo por doquier y más del 70% de las universidades trabajando fuera de la ley universitaria.

La ley actual, a pesar de ser excesivamente reglamentarista con la finalidad de ejercer más control, será incapaz de asegurar la calidad de un sistema educativo, que está fuertemente deteriorado y que requiere una cirugía mayor para poder salvarse. Las Universidades empresa de mala calidad no van a reducir sus beneficios económicos a menos que sientan que hay amenazas claras de cerrar sus negocios sino mejoran la calidad de sus servicios. Para ello, el Estado debe preparar un plan de reasignación de los estudiantes de estas universidades a otras instituciones de educación superior de mejor calidad, trabajando un plan de crédito educativo y becas que ayuden a reducir el impacto económico que de todos modos se va a producir en esta transición. Por otro lado, el estado debe incrementar significativamente los recursos económicos para las universidades públicas de modo que estás puedan convertirse en verdaderos centros de excelencia en educación e investigación.

Recomendaciones

  • Las universidades públicas deben ser apoyadas prioritariamente por el Estado, no solo otorgándole los recursos económicos para su normal funcionamiento y para las inversiones necesarias para su desarrollo, sino asegurando que sus docentes estén en la capacidad de afrontar las nuevas exigencias de calidad de la enseñanza y de la investigación. Para ello, se deben trabajar programas en los que el Estado otorgue recursos económicos para la formación pedagógica y académica de sus docentes. Todo ello en el marco de un plan de desarrollo nacional, que promueva la sinergia entre universidades públicas y privadas y en el que se identifiquen los campos prioritarios de desarrollo científico y tecnológico. De esta manera los recursos del Estado se pueden aprovechar mucho más, pues se invierten directamente en el país. Ecuador, por ejemplo, está impulsando el desarrollo de su educación superior, brindando más de 10,000 becas para estudiar en las mejores universidades del mundo, con el compromiso de retorno y de trabajo en el sector educativo, impulsando las publicaciones en revistas indizadas y sobre todo habiendo encarado con decisión el cierre de 14 universidades de mala calidad. Todo ello, combinado con una apuesta de inversión en educación superior sin precedentes en América Latina que representa el 2.12% PBI (2015), ratio muy superior a la de todos los países de la OECD (ver figura 1) y un inversión en ciencia, tecnología e innovación del 1.5% del PBI para el 2017 (IEPI, 2015).
  • En este contexto, el financiamiento de universidades públicas y privadas constituye un tema esencial en la agenda nacional. El Estado debe asegurar que los escasos recursos que se destinen al campo educativo sean usados de la manera más eficiente, esto significa asegurar que los estudiantes reciban una formación de calidad al más bajo costo. Para ello se debe trabajar en red aprovechando las fortalezas de las mejores instituciones educativas públicas y privadas y empleando las tecnologías de información y comunicación (TICs) para desarrollar propuestas académicas de alta calidad a un mayor número de estudiantes en todos los rincones del país.

Para ello, se deben articular los Planes de desarrollo en educación superior, con el Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú, que será la carretera de comunicación más importante del país para conectar todo el sistema educativo a nivel nacional.  A través de esta red se pueden elaborar contenidos y programas académicos que puedan ser aprovechados por muchas universidades y por miles de estudiantes y que permita la optimización de recursos al máximo. Se pueden crear cursos comunes a todas la carreras de Derecho, Ingeniería, Historia, que puedan ser desarrollados por los mejores especialistas del país y bajo la tutoría de asistentes de docencia, que pueden ser los mejores estudiantes de posgrado, que están desarrollando sus maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo.  Los contenidos y los programas académicos pueden ser desarrollados por universidades públicas y privadas, atendiendo al nivel de calidad y la experiencia académica que cuentan en los temas que se quieren ofrecer.  Los cursos de esta manera, no son responsabilidad de un profesor de una universidad, sino que se constituyen en verdaderos espacios de co-creación y cooperación entre docentes y alumnos de todas partes del país.

  • Se debe fomentar el desarrollo de universidades público-privadas, es decir asociaciones en las que el Estado pone recursos físicos (terreno, infraestructura, servicios) y las universidades privadas acreditadas pongan todo su “know how” académico para montar sobre estas bases centros de excelencia académica y de investigación, con la condición que todo el excedente sea reinvertido en favor del desarrollo del sistema educativo. La Universidad privada es responsable del mantenimiento y operación de las instalaciones y el Estado de otorgar becas a los estudiantes de más bajos recursos y brindar crédito educativo a los estudiantes que lo necesiten. Las pensiones estudiantiles se fijarían de modo que nunca excedan un valor previamente concertado y los gastos operativos no deberían superar nunca el 90% de los ingresos estimados. Todo el excedente sería distribuido de modo que el 60% sea destinado a la mejora de la calidad de la iniciativa público-privada y el otro 40% al desarrollo académico de la universidad privada que la gestiona. Esta sería una forma rápida y económica de descentralizar la formación de calidad y de llevarla a todos los rincones del país.
  • El modelo de 100% de gratuidad de la educación superior no es viable económicamente para un país como Perú. Chile, por ejemplo, de experimentar un modelo extremadamente neoliberal (al que el Perú se acerca peligrosamente), está virando ahora a un modelo donde el Estado pretende financiar toda la educación. Ya se han expuesto muchas críticas a esta política referentes a su inviabilidad económica a corto y mediano plazo(Paredes, 2014), (Agosin, 2015). Países como Suecia, Alemania, Finlandia, que mantienen sistemas educativos 100% subvencionados por el Estado, poseen ingresos per-cápita   (más de $41,000 USD) muy superiores a Chile ($17,400 USD) y a Perú ($10,000 USD), que les permite financiar la gratuidad de la enseñanza a través de elevadas tasas de impuesto a la renta. Lo que se debe trabajar es un financiamiento mixto público-privado sumamente eficiente y eficaz, que sea muy inclusivo y que haga viable la masificación de la educación superior de calidad. Para ello se debe impulsar cada vez más el otorgamiento del crédito educativo muy blando. La tasa actual (4.2%) que otorga Pronabec resulta muy atractiva respecto del mercado actual, pero aún es insuficiente para asegurar un acceso de los estudiantes de bajos recursos a universidades de alta calidad. Por ello, la tasa debería bajar a 2.5%-3.0% y con un tope máximo del pago diferido del crédito educativo a no más del 10% de sus ingresos futuros.

Los créditos deberían ser otorgados para seguir estudios en universidades y programas académicos acreditados. Los estudiantes pasan por una evaluación económica previa y de acuerdo a estos resultados, pagan una parte de los derechos de matrícula con sus recursos propios (de acuerdo a la evaluación económica) en el momento que reciben el servicio educativo y la otra diferida en la forma de crédito educativo. De esta manera el riesgo del Estado se reduce y el financiamiento de la educación se comparte entre el Estado, las familias, y el beneficiario directo.

  • Se deben cerrar todas las universidades públicas y privadas que no cumplan con los estándares de calidad establecidos por el Estado y desarrollar un Plan de emergencia para acoger a los estudiantes de las universidades clausuradas a otros centros de estudios acreditados, que pueden ser públicos y privados.
  • Se debe articular la formación técnica superior con la formación universitaria, a través de estímulos del Estado que brinden beneficios tributarios para empresas que quieran invertir y auspiciar económicamente iniciativas educativas que puedan ser gestionadas desde Institutos, Escuelas superiores, universidades públicas y privadas de alta calidad académica. La idea no es crear más universidades sino fortalecerlas.
  • Se debe favorecer el emprendimiento académico de las universidades (públicas y privadas), de modo que estas puedan crear empresas de base tecnológica, empresas de servicios que les permita generar ingresos económicos adicionales que sean reinvertidos en la mejora de la calidad académicas de las mismas.
  • Se deben modificar algunos artículos de la actual ley universitaria que pueden ser obstáculos para impulsar la mejora de la calidad académica de las universidades y que pueden incrementar los costos de la educación superior innecesariamente. Por ejemplo, una primera exigencia de esta nueva ley (artículo 82), que no existía en la anterior, es la obligatoriedad de que todo docente universitario que enseñe en una carrera de pregrado deba tener el grado de magister(Congreso de la República, 2014). El incumplimiento de esta condición será considerada como falta grave, según el reglamento de infracciones y sanciones de la SUNEDU y puede implicar una multa de más de 1 millón de soles, la suspensión de la licencia de funcionamiento o incluso la cancelación de esta (SUNEDU, 2015). Este tipo de exigencias que no necesariamente conducen a una mejora de la calidad del servicio educativo, no están presentes en otras leyes universitarias como la chilena, colombiana, argentina y generan un serio problema al sistema educativo al excluir de la labor docente a profesionales de reconocida trayectoria profesional que no cuenten con el grado académico de magister. Si bien la ley actual permite una salida a esta exigencia, a través de la categoría de docentes extraordinarios, estos no pueden superar el 10% del número total de docentes. Se debería ampliar dicho porcentaje, sobre todo, considerando las particularidades de las diversas carreras.
  • Se debe permitir el acceso a la universidad por diversos canales de admisión que sean efectivos en su selectividad, por ejemplo, acceso a estudiantes que están en el tercio superior de colegios debidamente acreditados. Los exámenes de admisión tradicionales no son la mejor forma de medir las competencias de entrada que deben tener los futuros estudiantes universitarios.

 

Bibliografía

Agosin, M. (29 de septimbre de 2015). ¿Vale la pena la gratuidad en la educación superior? Recuperado el 10 de febrero de 2016, de José Joaquín Brunner: http://www.brunner.cl/?p=13143

CARIFORUM-EU. (15 de abril de 2015). Internationalization of Higher Education Services and. Recuperado el 08 de febrero de 2016, de The 3rd CARIFORUM-EU Business Forum: http://www.cariforum.eu/pdf/background_paper_HE.pdf

CONCYTEC. (12 de octubre de 2015). Aporte mundial de Peru en produccion cientifica. Recuperado el 07 de febrero de 2016, de CONCYTEC, Repositorio de Datos: http://datos.concytec.gob.pe/dataset/aporte-mundial-de-peru-en-produccion-cientifica

Congreso de la República. (2014). Nueva Ley Universitaria. Recuperado el 07 de febrero de 2016, de SUNEDU: http://www.sunedu.gob.pe/nueva-ley-universitaria-30220-2014/

Congreso de la República del Perú. (1996). Ley de Promoción de la Inversión en la educación. Recuperado el 06 de febrero de 2016, de http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1998/educacion/leduca/cap1.htm

Deming, D., Goldin, C., & Katz, L. F. (mayo de 2015). Can Online Learning Bend the Higher Education Cost Curve? American Economic Review: Papers & Proceedings 2015, 105(5), 496-501.

Díez Gutierrez, J. (2011). La macdonalización de la educación superior. (F. Dialnet, Ed.) Recuperado el 06 de febrero de 2016, de Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado: file:///C:/Users/cfosca/Downloads/Dialnet-LaMacdonalizacionDeLaEducacionSuperior-4111083.pdf

Factfish. (2015). Gross enrolment rate, tertiary, total (%) . Recuperado el 08 de febrero de 2016, de Factfish: http://www.factfish.com/statistic/gross+enrolment+rate,+tertiary

Fundación Telefónica. (03 de febrero de 2015). Los MOOC en la educación del futuro: la digitalización de la formación. Recuperado el 06 de 02 de 2016, de Fundación Telefónica: http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/324/

González, C., & Pedraja, L. (diciembre de 2015). Privatization and Access: The Chilean Higher Education Experiment and Its Discontents. Recuperado el 07 de febrero de 2016, de Center for Studies in Higher Education (CSHE), University of California, Berkeley: http://www.cshe.berkeley.edu/sites/default/files/shared/publications/docs/2.ROPS_.CSHE_.11.15.Gonzalez%26Pedraja.ChileHEd.12.7.2015.pdf

Harris, M. (27 de octubre de 2015). There Is No College Bubble. Recuperado el 07 de febrero de 2016, de The Awl: http://www.theawl.com/2015/10/there-is-no-college-bubble

ICEF Monitor. (6 de abril de 2015). Australia releases draft strategy for international education. Recuperado el 8 de febrero de 2016, de ICEF Monitor: http://monitor.icef.com/2015/04/australia-releases-draft-strategy-for-international-education/

ICEF Monitor. (12 de agosto de 2015). Australian education exports reach AUS$18 billion in 2014/15. Recuperado el 08 de febrero de 2016, de ICEF Monitor: http://monitor.icef.com/2015/08/australian-education-exports-reach-aus18-billion-in-201415/

IEPI. (26 de mayo de 2015). Histórica inversión en educación superior. Recuperado el 09 de febrero de 2016, de Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) : http://www.propiedadintelectual.gob.ec/historica-inversion-en-educacion-superior/

OECD. (octubre de 2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. (O. Publishing, Ed.) Recuperado el 08 de febrero de 2016, de OECD: http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf

Paredes, R. (agosto de 2014). Reflexiones sobre las propuestas de gratuidad para la educación superior en Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Políticas Públicas UC, Santiago de Chile.

PUCP. (04 de junio de 2015). PUCP en cifras. Recuperado el 10 de febrero de 2016, de PUCP: http://www.pucp.edu.pe/la-universidad/nuestra-universidad/pucp-en-cifras/

Rodriguez Ponce, E. (abril de 2012). La educación superior en Chile y el rol del mercado: ¿culpable o inocente? Ingeniare. Revista chilena de ingeniería (versión On-line), 20(1), 126-135.

SCImago Research Group. (2015). SIR Iber Peru 2015. Recuperado el 07 de febrero de 2016, de Scimago Institutions Rankings: http://www.scimagoir.com/pdf/iber_new/SIR%20Iber%20PER%202015%20HE.pdf

Siegmund, J., & Rawdon, B. (julio de 2015). 2015 Top Markets Report: Education. (I. T. Industry & Analysis (I&A, Ed.) Recuperado el 08 de febrero de 2016, de International Trade Administration: http://trade.gov/topmarkets/pdf/Education_Top_Markets_Report.pdf

SINEACE. (diciembre de 2015). Acreditaciones en Educación Superior Universitaria. Recuperado el 07 de febrero de 2016, de SINEACE: https://www.sineace.gob.pe/acreditacion-avances/acreditaciones-en-educacion-superior-universitaria/

SUNEDU. (21 de diciembre de 2015). Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu. Recuperado el 07 de febrero de 2016, de SUNEDU: http://www.sunedu.gob.pe/reglamento-de-infracciones-y-sanciones-de-la-sunedu/

Tafur, T. (09 de noviembre de 2015). Otra vez. SINEACE vs COPAES y un análisis constitucional. Recuperado el 07 de febrero de 2016, de Spacio Libre: http://www.spaciolibre.pe/sineace-vs-copaes-analisis-constitucional/

Zúñiga-Peña, J.-M. (1 de septiembre de 2015). El sistema educativo chileno y el fracaso del paradigma. (U. d. Barcelona, Ed.) REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 8(1).

 

Anuncios

Acerca de carlosfosca

Profesor Principal de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor en Ciencia de los Materiales por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en el campo de la Corrosión en la República Federal Alemana, International Welding Engineer (IIW), MBA Freeman School of Business at Tulane University. Especialista en gestión estratégica de Universidades. Ha sido Director de Planeamiento y Evaluación de la PUCP durante siete años y desde el 2009 es Vicerector Administrativo de la PUCP.
Esta entrada fue publicada en Calidad Educativa, Sin categoría y etiquetada , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s